Qué es una fuga de datos y qué hacer si ocurre
También se busca como: brecha de seguridad, violación de datos.
Una fuga de datos es la salida o exposición no autorizada de información, sobre todo de datos personales de clientes, empleados o proveedores. El Reglamento General de Protección de Datos la llama violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, o la comunicación o el acceso no autorizados a ellos (artículo 4.12). Puede deberse a un ataque informático, a un empleado que envía un archivo a quien no debe o al robo de un portátil. En un seguro de ciberriesgo, la fuga suele activar las garantías de gestión del incidente y de responsabilidad civil frente a los afectados.
Un ejemplo
Una clínica de fisioterapia envía por error a todos sus pacientes un correo con el listado de citas, en el que aparecen nombres y tratamientos. La clínica, como responsable del tratamiento, valora el riesgo y lo notifica a la Agencia Española de Protección de Datos. Su ciberseguro paga el asesoramiento jurídico, la comunicación a los pacientes afectados y la defensa frente a la reclamación de uno de ellos.
Matices según el seguro
Plazo para notificar
El responsable debe notificar la fuga a la autoridad de control sin dilación indebida y, si es posible, en un máximo de 72 horas desde que la conoce, salvo que sea improbable que suponga un riesgo para las personas. Si tarda más, debe explicar el motivo (artículo 33.1). Además, debe documentar cada fuga, sus efectos y las medidas adoptadas (artículo 33.5).
Aviso a los afectados
Si es probable que la fuga suponga un alto riesgo para los derechos de las personas, también hay que comunicárselo a ellas, en lenguaje claro y sin dilación indebida (artículo 34.1). No hace falta, entre otros casos, si los datos estaban cifrados o protegidos de forma que nadie no autorizado pueda entenderlos (artículo 34.3).
Qué suele cubrir el seguro
Según la póliza: peritaje informático, asesoramiento legal, notificaciones a afectados, gestión de la reputación, defensa jurídica y las indemnizaciones a terceros. El tratamiento de las sanciones administrativas varía de una póliza a otra, así que léelo en las exclusiones.
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Fuentes
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